Qué piensan popes empresariales sobre la reforma tributaria

Cuatro referentes del sector privado coincidieron en la necesidad de una nueva Ley de Coparticipación, la eliminación de impuestos distorsivos y un sistema más ágil de retenciones y percepciones. La evasión, que supera el 35 %, reduce la rentabilidad del negocio formal y desalienta la inversión.

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Durante un panel sobre la reforma impositiva, los empresarios Nicolás Braun (La Anónima), Andrés Cavallari (Raizen), Claudio Rodríguez (Sinteplas) y Martín Ticinese (Cervecería Quilmes) expusieron su diagnóstico sobre la estructura tributaria argentina y el impacto de la evasión en la competitividad.

Todos coincidieron en que el sistema actual castiga a las empresas formales, desalienta el crecimiento y genera una competencia desleal frente a la economía informal.

El encuentro, realizado en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, comenzó con un planteo general sobre la necesidad de una nueva Ley de Coparticipación. Según los participantes, las tasas deben estar directamente relacionadas con el servicio que se presta y no pueden cobrarse por encima de ese valor.

Propusieron avanzar hacia un sistema único de retenciones y percepciones que permita recuperar el dinero de manera rápida y sin trabas, y eliminar el esquema de “paga primero y reclama después”, que consideran contrario al derecho de defensa.

Braun describió un panorama crítico. Señaló que la evasión promedio del país ronda entre 35 % y 37 %, pero en el comercio llega al 55 %, mientras la informalidad laboral se acerca al 60 %. Explicó que, aunque las cadenas de supermercados tienen altos niveles de facturación, su rentabilidad final es muy baja, alrededor del 2 %, mientras que la carga impositiva multiplica por seis ese margen.

La Cámara Argentina de Comercio, recordó, demostró que un comerciante informal puede vender 30% más barato y obtener la misma ganancia. Braun advirtió que el crecimiento simultáneo de los impuestos y la evasión frenó el desarrollo del sector formal y favoreció la expansión de los autoservicios informales, que ya suman unos 13 mil puntos de venta frente a los 1.500 de las grandes cadenas.

Desde el sector energético, Cavallari detalló que de cada 100 pesos que un consumidor paga en un surtidor, 44 o 45 corresponden a impuestos nacionales, provinciales y municipales. Calificó a los tributos locales como el caso más claro de carga distorsiva, porque crecieron sin control en cantidad y monto, y no siempre están asociados a una contraprestación.

“Al final del día lo paga el consumidor, y muchas veces ni siquiera lo ve reflejado en el ticket”, afirmó. Propuso aplicar tasas con criterio, razonabilidad y límites claros, y advirtió que la eliminación de impuestos distorsivos no busca que las empresas ganen más, sino que los consumidores paguen menos.

Rodríguez presentó un estudio comparativo entre Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Con iguales costos de producción, señaló, el precio de un mismo producto en Argentina resulta 37% más caro que en Paraguay, 24% más que en Bolivia y 16% más que en Uruguay. Según el empresario, esa diferencia equivale a un 50 % del precio original.

Sostuvo que las distorsiones impositivas impiden el desarrollo de cadenas de valor y frenan a las pymes, que son grandes generadoras de empleo. Rodríguez remarcó que para mejorar la competitividad se deben bajar el gasto público y la evasión, condiciones previas a cualquier reducción impositiva.

En tanto, Martín Ticinese advirtió que la presión tributaria y la falta de competitividad afectan tanto al mercado interno como a las exportaciones. Indicó que la capacidad instalada de las plantas industriales se encuentra por debajo del 60 % de utilización y que el sobrecosto impositivo para el sector ronda entre 10 y 12 puntos.

Planteó entonces que la reforma impositiva es necesaria para destrabar el crecimiento y generar empleo formal, y consideró que Argentina atraviesa una etapa de transición en la que “la salida de los empresarios es crecer, generar dólares y exportar más”.

En su reflexión final, Nicolás Braun señaló que Argentina tiene una de las cargas impositivas más altas del mundo y niveles de informalidad muy superiores a los países vecinos. Advirtió que el Estado se queda con más del 50 % de lo que producen las empresas, lo que impacta directamente en el consumo y en la capacidad de inversión.

Destacó entonces el papel de las pymes, que generan el 70 % del empleo privado, y reclamó una fiscalización más eficaz para ampliar la base tributaria y permitir que todos compitan en igualdad de condiciones. “Con la cancha nivelada, los empresarios vamos a salir a jugar y a competir”, concluyó.

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