Acuerdos con EE.UU. y OCDE, una agenda que va a dos velocidades

Celebrar acuerdos internacionales como los alcanzados con Estados Unidos y con la OCDE es, sin duda, una buena noticia para un país que busca salir de décadas de estancamiento. Pero es necesario advertir que el entusiasmo por anunciar avances estratégicos no puede reemplazar la discusión seria y profunda sobre lo que estos compromisos exigen.

Más aún cuando el propio Gobierno reconoce que la economía sigue demasiado frágil como para abandonar el esquema de bandas cambiarias. Si no hay condiciones internas para dar un paso elemental en el plano monetario, resulta legítimo preguntarse cuán preparado está el país para asumir reformas de mayor envergadura en el plano regulatorio y comercial.

El acuerdo comercial con Estados Unidos es un ejemplo claro de esa disociación. Presentado como una apertura recíproca y equilibrada, el documento difundido por Washington contiene más certezas para los intereses norteamericanos que para los argentinos.

El texto no especifica qué productos nacionales podrán ingresar sin aranceles al mercado estadounidense ni bajo qué requisitos técnicos o sanitarios. En cambio, sí detalla con precisión los bienes estadounidenses que recibirán trato preferencial en la Argentina. Incluso señala que sectores sensibles, como el acero, quedarán sujetos a evaluaciones unilaterales en materia de seguridad nacional.

El desequilibrio informativo es evidente. Hasta se comprendería si las elecciones no hubieran ya pasado.

Algo similar ocurre con el proceso de adhesión a la OCDE. El ingreso al organismo supone estándares exigentes en transparencia, política fiscal, competencia, estadísticas y estabilidad regulatoria. Sería deseable aspirar a ese nivel de orden institucional.

Sin embargo, la realidad es que una parte sustancial de la economía argentina –cerca de la mitad– sigue operando en la informalidad. Pretender saltar de ese escenario a las normas más sofisticadas del comercio internacional sin una transición clara sólo agrega incertidumbre y presión sobre sectores que hoy apenas sobreviven.

La impresión general es la de un Gobierno que avanza con lentitud en cuestiones decisivas –como la acumulación de reservas o la consolidación macroeconómica– y a la vez acelera anuncios que pueden comprometer al país en transformaciones profundas sin el debido debate.

Si los acuerdos buscan realmente convertirse en motores de desarrollo, deberían ser explicados con transparencia, negociados con precisión y acompañados por una estrategia interna capaz de sostenerlos. De lo contrario, corren el riesgo de transformarse en promesas que chocan contra la persistente fragilidad de la economía argentina.

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